100 Montaditos y La Sureña. ¿Qué esconde el montadito?: estafas, abusos y represión antisindical

Entrevista realizada por Francisco Manuel Carballo Rodríguez, colaborador de ABP


En dos locales de 100 Montaditos y La Sureña en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) el empresario comete todo tipo de tropelías contra los trabajadores. Les obliga a jornadas de hasta doce horas y les conmina a estar siempre preparados, en sus horas y días de descanso, a acudir a trabajar en cuanto les llame. Les roba parte de la nómina. Contrata a trabajadores dos semanas “de prueba” sin salario ni alta, para despedirles al final del período “de prueba” y sustituirles por otros dos trabajadores gratuitos. Ante los abusos, un trabajador acude a CCOO y, aconsejado por el sindicato, convoca elecciones sindicales. Desde entonces se desencadena una sucesión de amenazas y represalias para eliminar a los candidatos y a quienes les apoyan.

El grupo Restalia gestiona actualmente en España más de doscientos establecimientos de la cadena de restaurantes de comida rápida “100 Montaditos” y alrededor de cuarenta locales de su segunda marca, las cervecerías “La Sureña”. Su fundador define la cadena como “el todo a 100 de la restauración” y el diario digital Huffington Post la ha bautizado como el “Zara de los bocadillos”. Los establecimientos funcionan en régimen de franquicia y el grupo Restalia gestiona a sus franquiciados y asegura el buen funcionamiento y la imagen de sus marcas. En expansión y volumen de negocio, la cadena es un éxito. Sin embargo, algunos de sus franquiciados tienen prácticas laborales que desbordan todo límite ético y legal. Es el caso del local situado en una gran superficie comercial en Castilleja de la Cuesta, Sevilla.

La política de Restalia: los restaurantes no se cierran”

Juan Manuel comenzó a trabajar en “100 Montaditos” cuando el franquiciado que llevaba el local decide abandonar el negocio. Restalia, siguiendo su estrategia de mantener sus establecimientos abiertos para no dar una imagen de fracaso, se hizo cargo provisionalmente del establecimiento mientras buscaba un nuevo franquiciado. Restalia contrató a Juan Manuel, junto con veinte trabajadores más. En la nueva plantilla del local estaban los recién llegados y algunos de los antiguos empleados. Durante los cuatro meses que Restalia gestiona el restaurante las irregularidades se van acumulando, “las cosas comunes que hace Restalia, como pagar en negro una parte de las horas, cobrar las horas extra un mes después, ese tipo de cosas, pero vamos, esos son los abusos clásicos que cometen siempre…”

Era como un Cayetano de Alba, si hubiese podido, habría resuelto los problemas con la espada”

El nuevo propietario llegó con muchas ideas. A los trabajadores, esas ideas, como la de ahorrar una aceituna en cada ensalada, les parecían más o menos ingeniosas, cuando no ridículas. Lo mismo les pasaba con las charlas que les daba sobre la responsabilidad colectiva con la empresa y la importancia de un proyecto común. Pero el ingenio del jefe iba más allá. Cuando reciben la primera nómina descubren que no cobran los dos primeros días que trabajaron: legalmente habían estado de baja durante el cambio de contrato de Restalia al franquiciado. Pero aún sería peor. Los dos meses siguientes coincidieron con los meses fuertes del verano. Las ventas aumentaron mucho: la facturación mensual superaba los 90.000 euros. A la vista del éxito, y tan sólo tres meses después de haberse hecho cargo del local de los “100 Montaditos”, el propietario toma la decisión de hacerse con un local contiguo y montar en él un establecimiento de la segunda marca del grupo, una cervecería de “La Sureña”.

“…si hasta entonces aquello era un cachondeo, entonces ya se empieza a desmadrar. Este hombre coge a la mitad de la plantilla y les dice que van a tener que trabajar simultáneamente, tanto en un local como en otro. Hace contratos de 6 y de 8 horas, por las dos empresas. Empieza a ponerse muy borde, a exigir que la gente esté en su casa con el uniforme preparado para, cuando él llame, venir corriendo a trabajar. Empieza a haber turnos de 10 y 12 horas, no hay descansos ni paradas para comer, se restringen las comidas: te tienes que traer la comida de tu casa. Empieza a adoptar una actitud muy chulesca”.

Dos semanas antes de la apertura del nuevo local, Juan Manuel y otros tres trabajadores, que son los que se harán cargo de la gestión, son enviados a un establecimiento de “La Sureña” en Sevilla para formarse en el nuevo modelo de negocio. Durante esos quince días trabajaron ocho horas diarias. En la nómina del mes siguiente sólo percibieron medio mes: no habían cobrado los quince días de formación. Según su jefe, Restalia debía hacerse cargo de ese coste. Restalia, por su parte, rechazaba cualquier responsabilidad.

“Contacto con un consultor de Restalia y me dice que no me deje engañar, que ellos no cobran por las formaciones y que hable con mi franquiciado que es el que nos tiene que pagar. El tío empieza a pasarle la pelota al otro. Al final el franquiciado nos dice que en septiembre se había ido de vacaciones con sus hijos y se había gastado el dinero, así que no tenía para pagarnos. Yo aluciné. Como me parecía que eso no era ni medio normal, acudo a CCOO. Acudo solamente a título informativo, para preguntar qué opciones tenía y si podía hacer algo al respecto. En Comisiones me trataron de puta madre y me ofrecieron como solución, puesto que en la empresa no teníamos delegado sindical, convocar unas elecciones sindicales. Yo me presto a ello y mientras tanto las cosas siguen su curso”.

Cazando sindicalistas: despidos a discreción.

Con los dos negocios en funcionamiento, el propietario ya no estaba continuamente en los locales y había delegado esa tarea en un gerente. Fue éste quien recibió, por parte de un representante del sindicato, la documentación de las elecciones sindicales. El propietario monta en cólera.

“El tío se pone totalmente intratable. Llega allí dando golpes en la mesa y diciendo que allí nada más que había miserables y traidores, que como se enterara de quién estaba detrás de esto iba a ir a la calle. Desde entonces, se convirtió en un rosario de amenazas continuas, gritos y malos tratos, brutal. La gente empieza a trabajar con miedo, porque trabajas acojonado. El tío está pendiente de todo”.

Pese a todo, la convocatoria de elecciones sigue adelante. El propietario, ante la impotencia de no saber quién o quiénes han sido los promotores de la iniciativa, comienza a despedir trabajadores.

“De un día para otro despidió a una compañera, que estaba estudiando derecho, bajo la sospecha de que había podido ser ella. La chavala estaba alucinando. El tío estaba haciendo despidos al azar y veía que lo de las elecciones sindicales iba adelante”

Trabajas gratis “de prueba” y luego te despido

Además de los retrasos y las irregularidades en los pagos, del trato vejatorio y del clima de tensión y miedo que se había instalado en la empresa, el propietario no dudaba en ensayar cualquier acción que creyese que podía serle beneficiosa. La legislación laboral no parece importarle mucho.

“Se convirtió en práctica habitual de la empresa hacer entrevistas de trabajo cada dos semanas. En cada sesión seleccionaban a dos candidatos. Les proponían trabajar un periodo de dos semanas «de prueba», o sea, sin contrato, sin alta en la S.S. y sin ningún tipo de vínculo, para ver cómo resultaban, con la promesa de que si iba bien, al cabo de las dos semanas firmarían un contrato. Esas dos semanas no aprendían nada, los ponían a recoger platos y vasos, a limpiar y a barrer. Al cabo de las dos semanas los despedían diciéndoles que no habían pasado el periodo de prueba, para meter a dos nuevas personas con las mismas condiciones. Y así sucesivamente, siempre tenían a un par de trabajadores como mano de obra gratuita. En caso de que alguno se quejara, le daban una cantidad simbólica por las dos semanas de trabajo, unos 30 euros aproximadamente”.

Este señor nunca ha trabajado aquí”

Faltaban unos días para que se constituyese la mesa electoral y para que se celebrasen, por fin, las accidentadas elecciones sindicales, Juan Manuel recibe un mensaje de la Seguridad Social en su teléfono móvil. Le comunican que se encuentra en situación de baja. La empresa le había dado de baja tres semanas antes, a pesar de que él continuaba trabajando. Acude a su sindicato y acuerdan contactar con alguno de sus compañeros para que firme una declaración de que Juan Manuel ha acudido a su puesto de trabajo durante esos días. El día que se constituye la mesa electoral están presentes: los candidatos, incluido Juan Manuel, los representantes sindicales y el empresario con su abogado. Al comprobar el censo, el representante de CCOO descubre que Juan Manuel no se encuentra entre los candidatos. La respuesta del empresario a las preguntas acerca de esa irregularidad es un despropósito: niega que Juan Manuel trabaje allí. La reacción de uno de los sindicalistas hace cambiar de opinión al empresario.

“Tenemos la declaración de uno de sus compañeros en la que dice que sí, que ha estado trabajando aquí, así que, usted sabrá qué es lo que quiere hacer. Porque claro, si usted ha tenido a alguien trabajando sin estar dado de alta en la Seguridad Social, es un problemón. Mi jefe, que iba con su abogado a todas partes, el abogado le recomienda que sí, que me metan en el censo. Me meten en el censo a regañadientes y me hace el tío firmar un documento diciendo que la baja tramitada por la Seguridad Social ha sido un error administrativo”.

Entre la constitución de la mesa electoral y las elecciones transcurren dos días tormentosos. El empresario amenaza y presiona constantemente a los trabajadores.

“Se dedicó a hablar con los compañeros uno por uno, a amenazarlos. Presenta una candidatura independiente de otro chaval, que todos sabíamos que recibía un trato de favor, y amenaza a la gente para que votara a este chaval. Hubo todo tipo de amenazas”.

La lista sindical promovida por la empresa gana las elecciones por un voto de diferencia sobre la lista de CCOO. Como todo el proceso había estado sembrado de incidentes e irregularidades, CCOO impugna el resultado. Durante el proceso de impugnación continúan los despidos y las represalias.

“Todas la personas que a él le constaba que me habían votado fueron a la calle. Estamos hablando de unas doce personas. Durante un mes estuvo despidiendo gente, conforme se iba enterando de quiénes habían sido los votantes. A mí lo que me queda es el contrato de 100 Montaditos. Porque claro, yo había estado contratado simultáneamente en los dos sitios y entonces me había dejado el contrato de 6 horas en 100 Montaditos y el otro de 24 horas en Sureña. El contrato de 24 horas en Sureña lo liquida y me quedo 6 horas semanales en los 100 Montaditos. Me pone a trabajar todos los sábados en el horario de tarde y no me saca del fregadero. Yo estaba decidido, aunque me tuviera que exponer a eso, porque me parecía una injusticia; a causa de todo lo que había formado se habían ido a la calle muchos compañeros sólo por defender sus derechos, así que no me importaba cuanto tiempo tuviera que pasarme en el fregadero. Así que estuve allí, aguantando, tenían amenazada a la gente para que no hablaran conmigo, para que no me dirigieran la palabra”.

Esta situación se prolongó durante tres meses más. Transcurrido ese tiempo, Juan Manuel recibió un buro-fax en el que se le comunicaba el despido. Juan Manuel todavía mantenía la condición de candidato a unas elecciones sindicales, ya que la impugnación de la mesa aún no se había resuelto. El sindicato le aconseja presentar una demanda por despido nulo. Citados para un acto de conciliación laboral en el CMAC, el empresario le ofrece a Juan Manuel 400 euros para que acepte el despido.

“Yo no sabía si reírme o llorar. ¿Cómo iba yo a olvidar todo lo que nos había hecho pasar a mis compañeros y a mi por 400 euros? Y eso continua para adelante”.

Desempleado y con la prestación de desempleo a punto de acabarse, Juan Manuel decide buscar trabajo. Al poco tiempo encuentra un trabajo con mejores condiciones que las que tenía en el momento de ser despedido. Ante la nueva situación, decide pactar las condiciones de un despido improcedente con su antiguo empleador. La perspectiva, muy probable, de ganar la demanda por despido nulo le obligaría a regresar a un puesto y a unas condiciones de trabajo que en ese momento ya había decidido dejar atrás.

Este testimonio denuncia las prácticas ilegales en materia laboral de un empresario. También denuncia su falta de escrúpulos en su modo de gestionar las relaciones en grupo humano, más propio de un matón que de ese líder que quería hacer creer a sus empleados que era. El límite entre ambos extremos, y donde los rasgos de la personalidad de un jefe no deberían caber, lo fijan las normas que regulan las relaciones laborales, y es eso lo que debe exigirse y defenderse. También es responsable el grupo empresarial que lo acoge y con el que hace sus negocios: la fórmula de la franquicia no puede solamente defender un logotipo y una imagen y desentenderse del resto. En eso Restalia también es responsable. Juan Manuel, tal vez ingenuamente, pensó que Restalia podría hacer algo por evitar los atropellos que estaban sufriendo. Cuando Juan Manuel le expuso la situación en la que se encontraban al encargado de Restalia de la relación del grupo con los franquiciados, éste le respondió: “él (el franquiciado) puede hacer lo que quiera, que para eso es su empresa”. Asunto zanjado.

Afortunadamente, esto no siempre es así. Juan Manuel conoce bien el sector de la restauración, donde trabaja desde hace años compatibilizándolo con sus estudios universitarios, que está a punto de finalizar. De hecho, ha trabajado en otros establecimientos de la misma marca, 100 Montaditos, donde su experiencia ha sido muy distinta.

Entrevista realizada por Francisco Manuel Carballo Rodríguez a Sevilla, Octubre 2012

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